PROYECTO DE LEY
“Por medio de la cual se dictan normas para el control, vigilancia y sanción de la violencia política contra la mujer  y se dictan otras disposiciones”

CONTEXTO:

Como bien sabemos, la participación política de las mujeres en Colombia es muy reciente. Solo a partir del año 1957 pudieron ejercer el derecho al voto. No fue una dádiva; fue el producto de sus acciones pacíficas y políticas para ser tenidas en cuenta en las tareas legislativa y ejecutiva.

Si bien, en Colombia las mujeres son el 52% de la población, su injerencia decisoria en los espacios políticos es bastante precaria. Solo 56 congresistas de un total de 258 legisladores son mujeres. De las 102 curules que estaban disputándose en urnas para el Senado, únicamente lograron 25 y de los 166 curules que tiene la Cámara de Representantes, sólo conquistaron 31.

En el plano nacional la participación de la mujer en los escenarios políticos constituye solo el 12% de quienes ocupan cargos elección popular:

  • 18% Concejo.
  • 17% Asamblea.
  • 15% Gobernaciones.
  • 9% Alcaldía
  • 21% Congreso

Y pese a que Colombia prevé medidas legislativas en la promoción de la participación de la mujer, contenidas en Ley 581 de 2000 y la Ley 1475 de 2011, debemos reconocer el largo trecho pendiente que tenemos para lograr avances como los de Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, México, solo por mencionar países latinoamericanos, que prevén la paridad como mecanismo real en garantía de la participación política de la mujer.

Por lo tanto, en la necesidad de avanzar en el reconocimiento y garantía plena del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la mujer en Colombia, es momento de encaminar nuestra labor legislativa sobre una plataforma sólida que identifique y sancione toda conducta u omisión tendiente a transgredir a las mujeres que participen en política, pues la violencia política es una problemática cotidiana y vedada en nuestro país debido a la falta de medidas que además de visibilizar e investigar los hechos, sean concluyentes en la formulación de sanciones.

CAMINO HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER:

Al respecto, radiqué el Proyecto de Ley 026 de 2018, por medio de la cual se dictan normas para el control, vigilancia y sanción de la violencia política contra las mujeres y que por supuesto contempla entre sus lineamientos fundamentales establecer también mecanismos de prevención que propendan por la igualdad de oportunidades, de trato, de no discriminación y de equidad.

Entiéndase violencia política contra las mujeres, cualquier acción, conducta u omisión que genere violencia física, sexual, psicológica, moral, económica, o simbólica, realizada por una persona de forma directa o por un tercero, que cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o incluso, a miembros de su familia con el propósito de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y funciones relacionadas con el ejercicio político.

Definiciones:

El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), ha definido la violencia política contra las mujeres en las siguientes categorías con sus respectivos escenarios:

  • Violencia física: golpizas, secuestros, empujones, violación, entre otros.
  • Violencia psicológica: acoso sexual y laboral; discriminación; difamación; descalificación; subestimación, entre otros.
  • Violencia Económica: destrucción de materiales de campaña o de trabajo; disminución o negación de recursos en campaña o durante el ejercicio; negación de suministros logísticos necesarios para el ejercicio
  • Violencia Simbólica: apagar el micrófono o abandonar el recinto cuando la (s) mujer (es) esté interviniendo y/o negar continuamente el uso de la palabra o restringir el tiempo de su intervención.

Efectos:

Ningún acto es menos importante o genera menor impacto en la vida política de las mujeres en Colombia, tanto para quienes ya ocupan cargos, como para quienes han aspirado o aspirarán a ellos. Así pues, las siguientes, son entre otras, las consecuencias de la permisividad e impunidad de los escenarios anteriormente descritos, que justifican la viabilidad del Proyecto de Ley y nos permite razonar frente a la urgencia de su promulgación como Ley:

  • Violencia y Acoso durante el ciclo electoral.
  • Las víctimas han reportado miedo, depresión, estrés, ansiedad, así como sentimientos de desolación, aislamiento y soledad.
  • Desestimular la participación política de las mujeres y de reprimir cualquier deseo de ingresar a la política.
  • Cuando una mujer es obligada al abandono de su cargo por medio de la violencia, se les está negando a quienes la eligieron el derecho a ser representados.
  • Distribución inequitativa de los recursos públicos.
  • Incredibilidad de los entes investigativos y sancionatorios.

Estrategias:

A lo largo de los años, Colombia ha asumido el compromiso de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer a partir de la implementación de planes y estrategias vigilantes, preventivas y sancionatorias. Así como también ha encaminado procesos con el interés de propiciar una mayor incidencia y participación de las mujeres en la política, a lo cual se ha sumado el esfuerzo de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales con el fin de lograr la paridad en los cuerpos colegiados. Sin embargo, la brecha sigue siendo grande.

Por lo anterior, en consideración de las distintas manifestaciones de violencia y sus efectos, así como también en la necesidad de promover la prevención, denuncia temprana e investigación con resultados serios y contundentes, es de suma urgencia que los compromisos y las estrategias de mitigación y eliminación se centren en:

  • Existencia de la Ley
  • Capacitación permanente sobre gestión pública y participación política.
  • Asesoría Técnica y legal en procesos públicos y orientación sobre su gestión.
  • La creación de un Comité interinstitucional con funciones permanentes de prevención, vigilancia, control y sanción.

En ese sentido, me complace compartir con la audiencia, que en días pasados se radicó el Informe de Ponencia para primer debate en Comisión Primera Constitucional del Senado con concepto positivo, a cargo de la Senadora Angélica Lozano. Lo cual representa un gran paso para hacer realidad la promulgación de la Ley por medio de la cual se dictan normas para el control, vigilancia y sanción de la violencia política contra las mujeres, como una de las estrategias urgentes en la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer.

En este sentido, las acciones del Congreso deben estar orientadas a:

  • Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y violencia, lo que se traduce en la obligación de todas las autoridades de actuar y de impartir justicia con perspectiva de género.
  • Fomentar la igualdad, la no discriminación y la no violencia en los espacios políticos-electorales.
  • Legislar sobre violencia política como conducta reprochable en el ordenamiento jurídico para que las autoridades competentes cuenten con herramientas para su investigación y sanción, para la protección de las mujeres que hacen política y para afianzar la democracia.

Por último, quiero invitarlas e invitarlos a hacer parte de éste proyecto. La construcción del camino hacia la participación política real y efectiva de las mujeres en Colombia depende del trabajo mancomunado. Las herramientas deben ser propuestas y ejecutadas desde las Juntas de Acción Comunal, los Concejos, las Alcaldías, Asambleas, Gobernaciones, el Congreso y por supuesto el Ejecutivo. Y en lo que hoy nos convoca, nos urge trabajar ¨Por un País sin Mal-Trato¨.

Ponencia positiva

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