¿y ahora qué?

¿y ahora qué?

La pasada Reforma Tributaria presentada como “Ley de Financiamiento” se discutió a espaldas del país a tal punto que se aprobó en la Cámara de Representantes sin haberla conocido. Por este motivo, entre otros, junto con mis compañeros del Partido Verde presenté una ponencia de archivo. El pasado jueves, la Corte Constitucional nos dio la razón al declararla inconstitucional por vicios de procedimiento. 

Por Juan Luis Castro

En la tarde del 16 de octubre, la Corte Constitucional declaró inexequible la “Ley de Financiamiento” y estipuló que tendrá vigencia exclusivamente hasta el 31 de diciembre del 2019, teniendo así repercusiones para los años entrantes, pues algunas personas y empresas se van a acoger a esta normatividad mientras tenga vigencia. Asimismo, dio paso para que el Gobierno nacional presente en lo que queda de año, un “plan b” como “reforma financiera”.

El 17 de octubre el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reiteró que presentará un texto idéntico al aprobado por el Congreso de la República en el 2018 y que confía en que se apruebe tal como está antes del 31 de diciembre del presente año, fecha en la que pierde vigencia la que fue declarada inexequible en días anteriores.

De cara a la nueva reforma tributaria, se abre una nueva posibilidad para las iniciativas de salud pública que vengo abanderando desde mi posesión como Senador, el 20 de julio de 2018. La obesidad, asociada a elevados consumos de azúcar, y el consumo de cigarrillo están ligados a enfermedades crónicas  no transmisibles y son un grave problema para el Sistema de Salud Colombiano. Ahora bien, lo más interesante de estas enfermedades es que son completamente prevenibles desde los hábitos de consumo de los ciudadanos y varias experiencias internacionales evidencian que algunas políticas públicas, como el etiquetado frontal de productos y los impuestos saludables, generan impactos positivos en la salud pública donde se han implementado. Por este motivo intenté que se incluyeran en la derogada “Ley de Financiamiento” y aunque no lo logré, radiqué en el Congreso, junto a otros 45 Congresistas, 6 Proyectos de Ley, un “Paquete de medidas saludables”, que incluyen estas políticas públicas y que, en caso de ser aprobados, van a mejorar la salud pública del país. 

En el caso de los impuestos saludables buscamos una política con un impacto doblemente positivo. Por un lado, al aumentar el precio de los productos perjudiciales para la salud se desincentiva su consumo, previendo así las enfermedades asociadas. Por otro lado, la sobretasa del impuesto saludable puede destinarse a un fondo específico para programas de prevención de enfermedades. Este tipo de políticas son buenas para el país de forma contundente. Ahora, lo que se va a evidenciar en el Congreso es si el lobby de la industria tiene más peso que la salud de los colombianos y colombianas. 

El país necesita estabilidad económica. Esto no puede hacerse con una reforma tributaria desarticulada cada 2 años como ha venido sucediendo. El país necesita una reforma tributaria progresiva que responda a lineamientos técnicos y no esté permeada por intereses particulares. Debemos reaccionar a lo que se viene, que será un cierre de año con mucho trabajo. Si la reforma cambia, incluye la salud pública y, realmente, es progresiva la apoyaría, en caso contrario nuevamente me veré obligado a presentar una ponencia de archivo. 

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